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El COVID-19, la enfermedad del coronavirus que se ha extendido rápidamente por todo el mundo desde que fue descubierta a finales del año 2019, y declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como pandemia el 11 de marzo del 2020.
La pandemia que actualmente vivimos está teniendo un gran impacto a nivel mundial, no solo económico y social sino también un impacto considerable en la salud pública y en específico en la salud sexual y reproductiva (SSR).
Como antecedente en brotes históricos que se han presentado, como; el síndrome respiratorio agudo severo (SARS) durante el 2002-2003 y el síndrome respiratorio del Medio Oriente (MERS) durante el 2012, donde la salud y los derechos sexuales y reproductivos se vieron afectados a nivel individual, manifestándose resultados adversos durante el embarazo como abortos espontáneos, prematuridad, restricción del crecimiento fetal y muertes maternas, también se tiene como referencia otras epidemias, como el ébola por ejemplo donde se produjo un aumento importante de casos de Mortalidad Materna (22%) y embarazos NO planificados (hasta un 200%).
Volviendo a nuestra actualidad sobre los cuidados frente al COVID-19 se han tomado medidas tales como el distanciamiento social, el aislamiento obligatorio, medidas preventivas de higiene (manos) y bioseguridad. No siendo esto suficiente, muchos servicios de salud han sido paralizados al suspender las consultas externas por encontrarse el país en estado de emergencia sanitaria, considerando la priorización de los servicios a pacientes con problemas respiratorios asociados a COVID-19. Sin embargo, si bien la necesidad inmediata del sector salud y de los gobiernos en curso, es detener y evitar la propagación de la pandemia, es importante considerar que también existen servicios esenciales que no pueden detenerse como son los servicios de salud sexual y reproductiva.
Así mismo, existen otros servicios de Salud Sexual y Reproductiva (SSR) que se han visto afectados durante esta pandemia, como los servicios de planificación familiar, consultas pre y postnatales, consultas por ITS, suministro de antirretrovirales para pacientes con VIH y atención en casos de violencia; que en situaciones de crisis suelen agudizarse y que de no tomarse las medidas sanitarias al respecto, pueden conllevar a consecuencias negativas a mediano y largo plazo, que van a incrementar costos sociales, económicos y de salud, incluyendo muertes maternas (MM) y neonatales, además de las que se van a generar a raíz de la pandemia. Tal es el caso de los servicios de Planificación Familiar (PPFF), que a nivel mundial se estima que por lo menos 18 millones de usuarias/os de anticonceptivos modernos discontinuaran su uso.
En ese sentido, diversas organizaciones como la OMS y UNFPA (Fondo de Población de las Naciones Unidas), han brindado recomendaciones al respecto: Los servicios esenciales no deben suspenderse (contexto local y la magnitud de la epidemia), mantener los servicios y suministro de insumos, e identificar diversas modalidades de atención en niñas y mujeres, embarazadas (tales como distribución comunitaria de insumos, atención a domicilios, hogares maternos, información a través de canales redes sociales y comunitarias, promotores de salud, clínicas móviles, etc.
